Presentan requerimiento en Tribunal Constitucional para que revise 13 artículos de la ley de Migración y Extranjería

El diputado Boris Barrera señaló que «la migración es un derecho que las personas realizan por necesidad y, por tanto, el establecer o intentar cerrar las fronteras con una ley va a incentivar el flujo de manera irregular»

Santiago, 15 de diciembre 2020.- Una decena de organizaciones de migrantes, diputadas y diputados de oposición y los abogados constitucionalistas Patricio Zapata, Martín Canessa, Jaime Bassa y Jaime Gajardo presentaron este martes un requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC por el proyecto de ley de Migración y Extranjería, por considerar que éste contiene normas que restringen los derechos de las personas, entre ellos, niños, niñas y adolescentes.

El dirigente de la Red Nacional de la Organizaciones de Migrantes y pro-migrantes, Eduardo Cardoza, señaló que la iniciativa del gobierno contraviene los principios básicos que rigen los procedimientos administrativos sancionatorios.

Al respecto, la dirigente Calina Bosch precisó que son 13 los artículos que busca impugnar, entre ellos la que afecta a niños, niñas y adolescentes. “No hay protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o es expulsada y además, desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan”

A juicio de Cristián Orrego, del grupo Incidencia PL 202, lo que hace esta ley “es mantener y aumentar los espacios de discrecionalidad, lo que deja la cancha abierta a que se tomen medidas desproporcionadas, le entrega mayores atribuciones a las policías y al ministerio del interior y abre la puerta a que en el país se vulneren los derechos fundamentales y los acuerdos internacionales, sobre todo en considerando el carácter humanitario de los flujos migratorios actuales tanto en la región como hacia Chile”.

La diputada Catalina Pérez indicó que “nos preocupa profundamente la política migratoria que ha decidido empujar este Gobierno. Durante toda la tramitación, diversos parlamentarios de oposición manifestamos nuestros reparos de lo que será una política migratoria que no se hace cargo del fenómeno migratorio en Chile con un foco de Derechos Humanos. Necesitamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la evidente violación de DD.HH de la aprobada legislación que retrocede en materia de derechos fundamentales. Estamos frente a un Gobierno que ha utilizado la migración en términos populistas para no hacerse cargo de crisis que actualmente existe en nuestro país”.

Por su parte, el diputado Boris Barrera, afirmó que el proyecto en cuestión es un retroceso en la actual legislación, “incluso peor respecto de lo que había desde la dictadura. A parte de violar una serie de derechos, creemos que la migración no se termina por ley. La migración es un derecho que las personas realizan por necesidad y, por tanto, el establecer o intentar cerrar las fronteras con una ley va a incentivar el flujo de manera irregular”

Agregó que esto “no solo va a afectar a los migrantes, sino a los chilenos en términos de derechos laborales. Las personas que van a ingresar de manera irregular se van a ver expuestas a vulneración de derechos laborales, a trabajos mal remunerados y eso también va a afectar a los chilenos. Por lo tanto, la ley en general es un retroceso tremendo y esperamos que el TC haga un poquito de justicia con las personas independiente de su nacionalidad”

Para el abogado constitucionalista, Patricio Zapata, las organizaciones y los legisladores que recurren al TC lo hacen por un asunto estrictamente de derechos humanos. “Todos los artículos que se objetan, se hacen porque se discrimina o se priva del derecho al debido proceso. Obviamente estos debates tienen que darse en la ciudadanía y en el Parlamento y no en un tribunal. Pero cuando se afectan los derechos, es importante que se haga el punto y se denuncie claramente que se está tratando distinto a unos habitantes de nuestra tierra que a otros”

En esa línea, el abogado Jaime Gajardo afirmó que lo que hace la ley Migración y Extranjería es “afectar los derechos fundamentales de un conjunto de la población que habita en el país y de manera grave. Ahí estamos pidiendo al TC que, además, en este sector de la población específica que tiene muy poca incidencia en la deliberación política (…) ejerza su función y proteja los derechos de las personas que se están viendo vulneradas en sus derechos más básicos, incluidos niñas, niños y adolescentes”.

El requerimiento de inconstitucionalidad fue apoyado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro-migrantes; la Coordinadora Nacional de Inmigrantes; Movimiento Acción Migrante; Rizoma Intercultural; Colectivo Sin Fronteras, Núcleo de estudios criminológicos la frontera (UNAP); cátedra de Racismo y migraciones contemporáneas de la U. de Chile y Colectivo Migra de Talca, entre otras.

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