Facturación provisoria generó cobros indebidos en las cuentas de la luz

Esta fue una de las principales conclusiones de la Comisión Investigadora sobre las alzas de la luz, que además consideró que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no fue capaz de anticiparse a esta situación frente a los masivos reclamos de los usuarios.

El diputado Boris Barrera valoró el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora (CEI) de las alzas de la luz que destacó, entre sus conclusiones, que el procedimiento de facturación provisoria provocó distorsiones lo que afectó de manera indebida e innecesaria a los consumidores finales.

En el proceso de investigación, la comisión recogió denuncias de usuarios, organizaciones defensoras de usuarios, expertos en la materia y representantes de los organismos del Estado.

Barrera indicó que, tal como lo indicó en la intervención la diputada Marisela Santibáñez, uno de los grandes problemas es la posición monopólica de la empresa privatizada que pese a que está sujeta a ley y contratos de concesión “aplicar criterios de mercado a la distribución de la luz eléctrica, es un despropósito. Se lucra a manos llenas con un servicio básico. Si el Estado hubiese sido el dueño de la empresa eléctrica, como lo fue por décadas, se pudo haber realizado apoyos concretos para millones de personas”.

Además, precisó que el sistema permite cobros arbitrarios como el transporte de energía. “En las cuentas de luz, aparecen cobrados meses después, el transporte de energía, que se fue acumulando. Una de las propuestas de la Comisión es que se tomen medidas legales o administrativas respecto del perjuicio de los cobros derivados del transporte de energía para las vecinas y vecinos, cobros que debieron haber precluido”.

Barrera sostuvo, además, que el poder de fiscalización no es suficiente y el Estado debe tener mecanismos de acción que permita enfrentar estas situaciones de forma efectiva y menos contemplativa.

El Informe

 En el informe de la CEI, que fue aprobado por amplia mayoría, se destaca que “la suspensión de las lecturas de medidores y reparto de boletas en terreno por parte de las empresas distribuidoras fue una medida desprolija, pues la facturación provisoria se realizó de una manera tal que ella no consideró, debiendo hacerlo, las particularidades de su aplicación en un contexto de pandemia y crisis económica”.

Agrega que esta situación “generó una afectación indebida e innecesaria a los usuarios finales, lo que resulta especialmente grave en un contexto de estrechez económica e incertidumbre para las familias como consecuencia de la pandemia”

La comisión concluyó que “el procedimiento de facturación provisoria ha provocado distorsiones en las cuentas de la luz. Los aumentos de facturación registrados se deben a reliquidaciones entre la facturación estimada y la real, siendo esta última mayor, debido a los confinamientos y a la acumulación de del costo de transmisión”

Señala que “a esto se suma que al determinar el saldo por pagar entre la lectura real y la facturación provisoria se dividió el saldo en dos meses, en vez de cuatro meses que debiera considerar. En muchos casos, la acumulación significó el exceder el cobro de invierno de los meses de junio y julio, meses en que se aplicó la tarifa de invierno”

En ese sentido, la comisión afirmó que una gran responsabilidad tiene en este proceso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, que no se anticipó a esta situación y no fue proactiva en emitir un pronunciamiento sobre la aplicación de este mecanismo para evitar que los problemas derivados de ella se volvieran masivos.

Todo esto considerando que se pasó de un promedio de 120 reclamos por día a sobre 2.400 en el período de pandemia en momentos en que según la SEC “una proporción importante de los funcionarios de la Superintendencia estaba en teletrabajo y atendiendo reclamos mediante call center”

Las cifras entregadas por la SEC sobre cobro de facturación muestran que solo en el mes de julio se llegó a 18.000 reclamos. “Entre abril y agosto probablemente se totalizaron más de 60.000 reclamos ingresados a la Superintendencia, solo por problemas de facturación.  1.424 casos en marzo de 2020 a un máximo de 18.818 reclamos en el mes de julio”